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14 ene. 2016

Fotovoltaicas - El Tribunal Constitucional, el derecho interno y el escenario internacional.

Ayer 13 de enero de 2016, el Tribunal Constitucional Español, publicó la Sentencia en el recurso de inconstitucionalidad núm. 5347-2013 interpuesto por Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, contra el artículo 1, apartados Dos y Tres; disposición adicional primera; disposición transitoria tercera; y disposición final segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

Tal y como lo expusimos en el artículo que en coautoría con BeltránGambier escribímos y fuera publicado en Expansión.com, el órgano judicial encargado de velar por el respeto de los derechos y libertades fundamentales contenidos en la Constitución, ha reafirmado lo decidido en su anterior STC 96/2014, de 12 de junio de 2014 - Recurso de inconstitucionalidad 1603-2011.

Doctrina general.

Esto es, confirma su doctrina de que la “regla general en el ámbito de los recursos de inconstitucionalidad es que “la derogación de la norma impugnada extingue su objeto, dicha sentencia indica que, no obstante, no cabe dar una respuesta unívoca a esta cuestión, ya que, citando la STC 124/2003, de 19 de junio, FJ 3, señala que ―en el ámbito del recurso de inconstitucionalidad, recurso abstracto y orientado a la depuración objetiva del ordenamiento, la pérdida sobrevenida de la vigencia del precepto legal impugnado ‗habrá de ser tenida en cuenta por este Tribunal para apreciar si la misma conlleva ... la exclusión de toda la aplicabilidad de la Ley, [pues] si así fuera, no habría sino que reconocer que desapareció, al acabar su vigencia, el objeto de este proceso constitucional que, por sus notas de abstracción y objetividad, no puede hallar su exclusivo sentido en la eventual remoción de las situaciones jurídicas creadas en aplicación de la Ley, acaso inconstitucional (art. 40.1 LOTC)‘ (STC 199/1987, FJ 3). Por ello, carece de sentido, tratándose de un recurso de inconstitucionalidad, ‗pronunciarse sobre normas que el mismo legislador ha expulsado ya de dicho ordenamiento... de modo total, sin ultraactividad‘ (SSTC 160/1987, FJ 6; 150/1990, FJ 8; 385/1993, FJ 2). Por idéntica razón, para excluir toda aplicación posterior de la disposición legal controvertida, privándola así del vestigio de vigencia que pudiera conservar‘, puede resultar útil —conveniente— su enjuiciamiento, aun cuando haya sido derogada (SSTC 160/1987, FJ 6; 385/1993, FJ 2)‖.”

Fundamentos.

Luego, la primera de las conclusiones a las que llega es que “las modificaciones operadas en el Real Decreto-ley 9/2103 por la Ley 24/2013 no han dado lugar a una derogación, o, lo que es lo mismo, a la remoción absoluta de las situaciones jurídicas creadas al amparo de la disposición aquí impugnada, sino, más bien al contrario, a una novación actualizada del régimen retributivo que se contempla en los preceptos impugnados para la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con régimen económico primado; régimen jurídico al que expresamente se remite la Ley 24/2013 y que, en consecuencia y en lo sustancial, ha resultado incorporado, en sus propios términos, a una norma con rango formal de ley.” Y procede por consiguiente a examinar el fondo de la cuestión.

En base a la lógica exigida, comienza el Trubunal, examinando las infracciones del art. 86.1 CE, para posteriormente, en caso de resultar procedente, examinar las restantes infracciones constitucionales que se imputan a los preceptos recurridos.

Frente al juicio político o de oportunidad, del Gobierno y del Congreso de la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad que les ha llevado a legislar mediante un Decreto-ley, será el Tribual Constitucional quien controle que ese juicio político no desborde los límites de lo manifiestamente razonable. Pero ese control se limita a verificar y nunca a suplantar la actividad de los organos constitucionales que aprueban y convalidan los Decreto-leyes. Por lo tanto, dice el Tribunal, ese control es “externo”.

Ese control externo se da con la verificación de que la definición por los órganos políticos de una situación de extraordinaria y urgente necesidad sea explícita y razonada, y además de que exista un vinculo entre esa situación y lo efectivamente regulado en el Decreto.

El Tribunal analiza entonces el texto del preámbulo del decreto-ley impugnado y encuentra allí las razones de extraordinaria y urgente necesidad. En los aspectos particulares encuentra coincidencia con los generales y pareciera que todo se debe a unas condiciones meteorológicas atípicas ocurridas en el 2013.

Ante la alegación de la vulneración del principio de jerarquía normativa y de sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al ordenamiento jurídico (art. 9.1 y 3 CE), en la medida en que los preceptos impugnados contravendrían lo dispuesto en los arts. 10 y 13 del Tratado sobre la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994 y que, una vez ratificado por España y publicado en el Boletín Oficial del Estado, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, la rechaza de pleno por no argumentar el recurrente sobre el fondo del asunto.

Desestima también las alegaciones a la vulneración de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, así como el de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 CE), por no ser estos principios autónomos o “compartimentos estancos” y nutrirse unos de otros junto a los también contenidos en el mismo art 9,3 (legalidad, jerarquía normativa, responsabilidad) con los que deben necesariamente combinarse en su análisis y que en cualquier caso, la vulneración de los principios alegados no permiten la “congelación” del ordenamiento normativo.

Conclusiones.

Determina entonces el Tribunal que “No cabe calificar de inesperada la modificación producida, pues la evolución de las circunstancias que afectaban a dicho sector de la economía, hacían necesario acometer ajustes de este marco normativo, como efecto de las difíciles circunstancias del sector en su conjunto y la necesidad de asegurar el necesario equilibrio económico y la adecuada gestión del sistema.”
Su fallo es pues desestimatorio del recurso de inconstitucionalidad planteado.

Teniendo en cuenta los mas de 20 casos que el gobierno de España ha comenzado a afrontar en un plano internacional, ante el CIADI, no cabría en la cabeza de nadie que puertas adentro, un tribunal local, dictaminase en contra del propio gobierno y por consiguiente de los intereses de todo el país.

Hacerlo de otra manera, significaría generar un precedente que indudablemente sería utilizado por los demandantes como elemento clave en sus reclamaciones en el plano internacional.

Deja un feo “sabor de boca” el que en su Voto particular, el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos exprese su acuerdo con el fallo de la sentencia, aunque como se detalla en la NOTA INFORMATIVA Nº 1 /2016,no así con los argumentos, que consideran “insuficientes” en lo que se refiere al principio de confianza legítima y a su significado constitucional como “elemento integrante de los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad de las normas sancionadoras o restrictivas de derechos individuales, de responsabilidad y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, consagrados en el art. 9.3 CE”; también consideran que la sentencia debió realizar un análisis “detenido y minucioso” sobre el cumplimiento por la norma impugnada del citado principio de confianza legítima. Asimismo, sostienen que el Tribunal ha “perdido la oportunidad” de pronunciarse sobre la influencia de los cambios en la regulación de este sector “desde la perspectiva de la confianza legítima”.

¿Estrategias?

En las demandas internacionales son muchos los factores que los demandantes tienen en cuenta al argumentar sus derechos. Muchos de ellos jurídicos, pero otros tantos económicos. Por ello, los argumentos insuficientes y el reproche de la falta de un análisis detenido y minucioso, a los que alude el Voto particular, podrían ser la punta del ovillo de donde tirar para fundamentar parte del ataque.

Los valores reclamados promedian los 1.000 millones de euros en cada uno de los casos planteados en el CIADI. Controlar el plano interno parece ser pan comido, pero la pregunta es si España, ante la inexperiencia en este tipo de asuntos, será capaz de preparar una buena estrategia y atar todos los cabos sueltos para, a la postre, minimizar las consecuencias de haber dado un golpe de timón en su política energética.



28 dic. 2015

El Teatro Albeniz y los diferentes tipos de protecciones (del BIP al BIC)

Los hechos

El pasado 1 de diciembre de 2015, el Gabinete de Comunicación de la Comunidad de Madrid hizo oficial lo informado por la presidenta tras la reunión del Consejo de Gobierno de ese día: la Comunidad de Madrid declarará el Teatro Albéniz Bien de Interés Patrimonial (B.I.P.).

No hace falta recordar que el inmueble que alberga al histórico teatro, situado en la calle de la Paz de la capital española, ha sido objeto los últimos años de un intenso reclamo que llegó a las más altas esferas judiciales.

La plataforma Salvemos al Teatro Albéniz, con la incansable actividad de su portavoz Eva Aladro y a través del diligente accionar de su abogado Beltrán Gambier (ambos actuando pro bono) buscó durante varios años que las instituciones oficiales protegieran el edificio conservándolo como tal para que la sociedad pueda seguir disfrutando de él con su programación y personal.

Hubo varios vaivenes judiciales, el último y más relevante, fue la admisión del recurso que la misma Plataforma interpuso en el 2011 ante el Tribunal Superior que obligó a la Comunidad a abrir el expediente de interés cultural para el recinto. Con la antigua ley de Patrimonio Histórico de Madrid como marco, la incoacción fue omitida por los gobernantes de turno.
Hoy el Teatro quedará finalmente protegido conforme la vigente ley 3/2013 de 18 de junio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

La duda

Tras el anuncio de la noticia del pasado 1 de diciembre, la que fue bien recibida por la Plataforma, se han dejado oír voces acerca de la calificación propuesta. Algunas de ellas críticas, debido tal vez a que la vigente Ley de Patrimonio Histórico ofrece las diferentes categorías de protección que hemos visto.
Será tal vez porque el mismo comunicado califica a la protección ofrecida como de “Nivel Intermedio”, pero lo cierto es que estoy convencido de que no cabría una calificación mejor.

Toca analizar entonces si la categoría de Bien de Interés Patrimonial (BIP) es inferior a la de Bien de Interés Cultural (BIC) 

La nueva Ley 

La Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid del año 2013, establece un régimen de protección general, que como especifica en su preambulo, "se concreta en un deber genérico de conservación dirigido a los titulares de derechos sobre los bienes del patrimonio histórico", para luego especificar los regímenes para los diferentes tipos de protecciones. 
Puede distinguirse, según la Ley, dos grandes categorías de bienes protegidos, los Bienes de Interés Cultural (BIC) y los Bienes de Interés Patrimonial (BIP).
La norma distingue en su art. 2 a los primeros de los segundos en que estos últimos no tienen un "valor excepcional" por contrario sensu del punto 2 de este mismo articulo.. Luego subclasifica a los primeros en siete tipos y a los segundos no le otorga clasificación alguna.

A primera vista pareciera que los BIC son de mayor categoría que los BIP. De momento solo los diferencia ese "valor excepcional" de los primeros.

Tengase en cuenta que la Sentencia 122/2014, de 17 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 5277-2013, interpuesto por más de cincuenta Senadores de los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto en relación con diversos preceptos de la Ley de la Asamblea de Madrid 3/2013, de 18 de junio, de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid declara a este epiteto "excepcional" así como todo el inciso que lo contiene, inconstitucional y nulo. Con lo que finalmente nos quedaríamos sin una definición clara o al menos expresa acerca de este tipo de bienes. Luego, ese vacío legal en la falta de definición de los Bienes de Interés Cultural por la anulación del artículo que los determinaba en la Ley Autonómica, podría llenarse tal vez con el sinónimo "relevante" utilizado en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, .

A continuación, la Ley autonómica, especifica en lo que respecta al proceso de declaración las diferencias entre BIC y BIP. El expediente de incoacción para declarar un bien como BIC, requiere de mayor información y documentación que uno que pretenda declarar un bien como BIP. La declaración de un BIC requiere por ejemplo su categorización y de un plan especifico de conservación e intervenciones.
El proceso para declarar un BIC tiene un plazo máximo de 9 meses y en cambio un BIP de 6 meses, diferencia comprensible por la documentación exigida para uno u otro.

En lo que respecta al régimen especifico de protección de cada uno de estos tipos de bienes, la Ley detalla en su art 18 y de forma positiva, los supuestos de intervenciones en el inmueble protegido para los que se requiere autorización en el caso de los BIP, estableciendo un numerus clausus de estas.
En cambio para el caso de los BIC y según lo dispuesto por el art 19.2 la autorización preceptiva es siempre exigible y para cualquier clase de intervención. Luego enumera los supuestos en los que esta no es necesaria. Inciso este que también ha sido declarado inconstitucional por la Sentencia antes reseñada.
Es decir para los primeros tipos de bienes, todo estaría permitido salvo lo indicado por la ley y para los segundos todo lo contrario. Si no fuera porque la descripción de las intervenciones que requieren autorización para los BIP incluye a casi todo lo humanamente posible, creeríamos haber encontrado la diferencia entre ambos tipos.

Luego la Ley establece un régimen especifico de protección para los BIC.
En un extenso Titulo IV, describe el proceso para tramitar y obtener las autorizaciones necesarias para las intervenciones permitidas así como el uso de los mismos, su declaración de ruina y hasta planes especiales de protección.

En detrimento o no de los BIP, nada de lo ultimo hace referencia a los mismos. La ley no describe con el mismo rigor los procesos antes vistos para los Bienes de Interés Patrimonial

Finalmente vendrá el régimen sancionador el que prácticamente es común para todo el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid.

La realidad

Seguimos sin encontrar claramente las diferencias, solo que unos revisten un "valor excepcional" (o relevante) y otros no, lo único cierto es que ambas categorías quedan englobadas dentro de la declaración de intenciones de la Ley determinada en su art 1 "La presente ley tiene por objeto la protección, conservación, investigación, difusión y enriquecimiento del patrimonio histórico ubicado en el territorio de la Comunidad de Madrid."

Debemos pues concluir que ese "valor excepcional" (termino declarado inconstitucional) le conferiría a los BIC una mejor categoría y que junto al régimen especifico de protección lo hacen menos flexible en cuanto a las intervenciones que puedan realizarse en ellos. 

La realidad social y económica actual hará que los promotores teatrales e inmobiliarios vean con buenos ojos esa flexibilidad que la calificación de B.I.P. permite al poder realizarse con mayor facilidad intervenciones en el inmueble y poder utilizarse el edificio para una amplia gama de actividades y no solo teatrales.

Darle otra calificación que podría tildarse de “V.I.P.” (del inglés Very Important person o Persona Muy Importante), como las que la misma ley pretendía otorgar a los ahora prácticamente indefinibles Bienes de Interés Cultural y cuya categoría máxima es la de monumento, no haría apetecible el ingreso de inversiones privadas en espacios culturales y hoy esto es sumamente necesario para recuperar al Teatro.


Finalmente el expediente ha sido incoado, y en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid del pasado 22 de diciembre de 2015, se publica la resolución y se da inicio con esto al proceso necesario para que el Teatro quede formalmente protegido.
                                                                                                                             
Como he dicho antes, finalmente primó la coherencia para el Teatro Albéniz.


*Foto: Internet, Fuente ARVIKIS





20 jul. 2015

SEX=DEVIL

SEX=DEVIL por ERIKA LUST Pocas veces, por no decir nunca, el mundo del entretenimiento adulto ha reclamado no ser demonizado. Hoy alguien reclama que en la "letra pequeña" de las condiciones de uso de las redes sociales y otras plataformas, se deje de poner al mismo nivel este tipo de producto con por ejemplo el terrorismo. Alguien tenía que decirlo y quien mejor que la mundialmente premiada directora de cine erotico ERIKA LUST. Os dejo el articulo completo mas abajo y el link a su web AQUI: